El primer juicio, que debió ser el segundo y hace años atrás

El primer juicio oral y público por crímenes del terrorismo de Estado comenzará el próximo 1 de julio en el departamento del sur mendocino, San Rafael. Luciano Benjamín Menéndez es uno de los principales acusados, pero no afrontará ahora su responsabilidad por estar siendo juzgado en Córdoba.

Se juzgará a 6 militares por la detención y desaparición de militantes de esa ciudad durante la última dictadura cívico-militar. El ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, el represor Menéndez, no puede presenciar el juicio por estar enfrentando otro proceso en Córdoba. Por este motivo, no será aun juzgado, pero de igual manera la causa seguirá su rumbo con los otros imputados y luego, cuando termine el juicio en Córdoba, Menéndez deberá enfrentarse a esta causa en Mendoza.

Los demás juzgados son el teniente coronel Aníbal Alberto Guevara; y los policías, Raúl Alberto Ruiz Soppe, quien fuera titular de la Unidad Regional II; José Martín Mússere, quien habría actuado como nexo entre las fuerzas militares y policiales de la zona; Juan Roberto Labarta, quien cumplió funciones en el Departamento de Investigaciones de la Policía de Mendoza, el mayor centro clandestino de detención de la provincia conocido como D2. El médico de la policía, Cristóbal Ruiz Pozo, y el abogado de la institución, Raúl Egea Bernal, también serán juzgados por su actuación cómplice con los torturadores.

Desde el tribunal indicaron que "Menéndez es el único que está actualmente detenido, dado que el resto de los imputados fueron excarcelados en primera instancia por la Cámara Federal".

Roberto Burad, titular del Segundo Tribunal de Mendoza, presidirá el debate junto a los magistrados Héctor Cortés y Roberto Nacif.

El proceso oral y público no se hará en las instalaciones judiciales, ya que no cuentan con la estructura adecuada para albergar semejante presencia pública. Se utilizará como sala de audiencias un salón de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo de San Rafael.

El titular de la justicia federal de San Rafael, juez Héctor Raúl Acosta, elevó la causa a juicio hace más de un año, en febrero de 2009.

Las causas que llegaron a esta instancia son las de la desaparición de Francisco Tripiana, un pintor de 33 años detenido en su casa el 23 de marzo de 1976. junto a ésta, las de Roberto Osorio, quien era empleado de una farmacia de la familia de Martínez Baca (ex gobernador de la provincia); Pascual Sandoval, obrero rural y detenido en una finca durante la semana del último golpe militar; y José Guillermo Verón, un camionero que desapareció meses después de haber sido detenido.

La querella está motorizada, fundamentalmente a por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, organismo respaldado por el resto de las organizaciones de derechos humanos de la provincia y otras políticas y sociales. El abogado Pablo Salinas, miembro de la red nacional de abogados que trabajan en la materia y representante también del Movimiento ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), encabeza la querella. Se estima que habrá un centenar de testimonios.

En marzo pasado debería haber comenzado el primer juicio en Mendoza, en el Juzgado Federal de la ciudad Capital. Pero una semana antes del día indicado, los abogados defensores lograron la destitución del presidente del tribunal que juzgaría a los genocidas. Los abogados Daniel Pirello y Andrea Duranti presentaron una recusación para que se aparte del Tribunal Oral N° 1 al juez Juan Antonio González Mecías, argumentando que ya había tenido “anteriores actuaciones en causas conexas”. La Cámara de Casación Penal no sólo aceptó la recusación, sino que además podría declarar nulo todo lo actuado desde 2008 hasta el momento.

En repudio a esta nueva dilación de la justicia mendocina, organismo de derechos humanos expresaron en diversas ocasiones las jugarretas. Una de las manifestaciones fue precisamente el 11 de marzo de 2010, día en que hubiesen comenzado los juicios.

La denuncia conjunta de los organismos dice: “Esta cofradía de malhechores, ahora apuestan a la impunidad cronológica. Aspiran a que los genocidas puedan morir sin manchas. Así sucedió con Dopazo, Jefe de Inteligencia de la 8va Brigada, encargado de señalar a quién secuestrar o detener. (…) a estas horas estaríamos escuchando el requerimiento de elevación a juicios 15 causas que cuentan de 21 desapariciones, 4 asesinatos y 3 detenciones ilegales, acaecidas en la etapa más sangrienta de la dictadura. Sin embargo, nada, ni señal de la justicia”.

El texto elaborado por el movimiento de derechos humanos aclara: “A pesar de que se burlen de nosotros como tantas veces, sepan que la complicidad de ustedes con la represión ilegal, señores de la justicia, la connivencia de los Romano, Duranti, Pirrelo, Miret, Amuchástegui y otros, con los ejecutores del terrorismo de Estado, se guarda en la Memoria y se inscribe en la historia de Mendoza para siempre, de esto no podrán escapar.”

Por otro lado, se informó desde la Dirección de Derechos Humanos de la provincia que para preparar los juicios, Mendoza se unió a otras provincias para realizar un censo de ex presos políticos. Este nuevo proyecto comprende no sólo a los detenidos en la última dictadura sino también a víctimas de anteriores gobiernos de facto.

Esta iniciativa parte de la ley 26.564, la cual amplía los beneficios reparatorios a todas aquellas personas que hayan sido detenidas, víctimas de desaparición o muertas durante los gobiernos de facto producidos en nuestro país entre 1955 y 1983.

Escrito por: Natalia Brite
Fuente: Noticias Mendoza

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