Gualeguaychú: ¿el corte es un medio o un fin?

La decisión del gobierno nacional de formar parte de la causa judicial contra los ciudadanos de Gualeguaychú que participan en el corte del Puente San Martín es una de las derivaciones más importantes luego del fallo de La Haya. Para el oficialismo, liberar la ruta ayudará en la negociación por el monitoreo conjunto. Desde la Asamblea, plantearon que no van a dejar la ruta y se sienten traicionados por el kirchnerismo. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta estrategia de judicialización?

El debate se había trasladado hace una semana a la Facultad de Ciencis Sociales de la UBA, en donde hubo posiciones encontradas sobre el caso de Gualeguaychú y las interpretaciones sobre su movilización. En este artículo, se brindan algunas ideas sobre un punto del que no se habla lo suficiente: ¿el corte es un medio o un fin? Es decir, ¿no será que se está discutiendo demasiado del corte de ruta? ¿Esto contribuye o perjudica al objetivo de la propia Asamblea?



Lecturas del fallo. En el último artículo de ComAmbiental sobre el tema, se mencionaba que la Corte de la Haya había desconocido los avances del derecho ambiental. El gobierno uruguayo se sintió satisfecho porque en el fallo no se estableció que su país hubiese lesionado las "obligaciones sustanciales" del Tratado del Río Uruguay porque el gobierno argentino no pudo demostrar que la pastera contaminara. Mientras tanto, desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA se lamentaron de, que la Corte "no consideró contundentes o pertinentes" las investigaciones realizadas. Esto fue así porque no pudieron acercarse más allá del límite fronterizo, y esto es importante tenerlo en cuenta hacia el final de esta nota.

Mientras tanto, para la Asamblea de Gualeguaychú, el fallo no hizo más que demostrar que Montevideo había violado el Tratado internacional, al no haber informado y actuado en forma consulta. Por ello, entienden que la planta Orion (ex Botnia) es "ilegal" porque nunca tuvo el permiso desde Buenos Aires. Por otra parte, la Corte de la Haya nada dijo acerca del corte de ruta, porque lo consideró un tema fuera de su jurisdicción. Para el grupo dirigente de los asambleístas, se trata de no dar el brazo a torcer, pero: ¿qué significa esto? ¿Por qué debería escucharse las voces disidentes dentro de Gualeguaychú?


¿De víctimas a culpables? Lo primero que hay que decir es que el gobierno argentino tendrá muchas dificultades para explicar su política. Aún no pueden saberse las consecuencias de su estrategia de judicialización, en la cual la represión no se hace en forma de violencia física, pero pone en el horizonte un peligro real. Sobre todo, si se interpreta la decisión kirchnerista mediante la línea de criminalización de la protesta que ya es usual frente a las asambleas contra la mega-minería. Entre las acusaciones a ciudadanos de Gualeguaychú, se encuentra el "homicidio culposo", la "apología del delito" y hasta la "sedición".

Justamente, los conflictos territoriales son los más agudos dentro de la protesta social. Aún más que los hechos presentados por el periodista Mario Wainfeld en donde el kirchnerismo habría puesto en duda su línea de no reprimir. En este sentido, la presencia de la gendarmería en Andalgalá (Catamarca) por el corte de ruta a los camiones de la minera Agua Rica y la más reciente represión en Mosconi (Salta) contra dirigentes de la UTD por sus demandas frente a la petrolera no tuvieron la repercusión merecidas. La judicialización, de este modo, no permite el debate sobre los modos de vida locales y de desarrollo regional.

Debates sobre el movimiento social. El politólogo Vicente Palermo lanzó una predicción muy controvertida: los "vecinalistas" se quedaron en un "callejón sin salida" y por ello plantearía una "fuga hacia adelante", en donde la "posibilidad de represión crearía un espacio político nuevo" para la Asamblea. La declaración fue durante una edición de los "desayunos de coyuntura" del Instituto de Investigación Gino Germani. Para la investigadora Gabriela Merlinsky debe ponderarse más el escenario de "incertidumbre y desconfianza" frente a las actuaciones de los gobiernos argentino y uruguayo. También llamó a prestar más atención a la discusión del modelo productivo.

Hubo sí coincidencia en que faltó un "liderazgo deliberativo" para conducir la movilización. Palermo, a su vez, apuntó que el gobierno kirchnerista "primeró apoyó y luego se abrió". Por otra parte, más allá de las posibles críticas sobre su mirada maquiavélica de la Asamblea, es cierto que puede prestarse atención sobre el "compromiso de la legitimidad de una herramienta de desobediencia civil". Esto coincide con la lectura del jurista Roberto Gargarella, también presente en el encuentro, para quien la Asamblea "quedó limitada a la metodología" del corte de ruta, aún cuando se remarque la clara irresponsabilidad del oficialismo.

El corte como una mala estrategia. Desde ComAmbiental se ha hablado del "Efecto Papeleras" para mencionar la mediatización del conflicto socioambiental a través de la gesta de Gualeguaychú. En el 2006, el corte de ruta tuvo su efecto positivo por poner instalar el tema en los grandes medios, pero también supuso la primacía de la lógica política - nacional por sobre la lógica ambiental - regional. Pero si en ese momento existía aquella tensión, hoy por hoy parece que la continuidad del corte es perjudicial para la causa ambiental.

Es decir, si bien es cierto que el corte asegura una máxima repercusión mediática del conflicto, también es muy cierto que el costo de esta táctica es que cada vez más se debate de todo -de diplomacia, de causas judiciales- menos que de ambiente y de modelos de desarrollo. Eso sin contar que siempre la nacionalización conspiró contra un posible diálogo de los pueblos, atributo indispensable para hablar de una gestión de la cuenca del río Uruguay. En ese sentido, cabe destacar lo escrito por IPS: "Para REDES-Amigos de la Tierra, el bloqueo del puente y el malestar que causó en Uruguay `consolidaron el apoyo de la opinión pública a la empresa´ Botnia".

Reflexiones finales. Podría decirse que el corte de ruta remarcó y subrayó la frontera de modo tal de nacionalizar el conflicto. El gobierno se sumó a esta causa bajo la modalidad de la judicialización, un enfrentamiento entre Argentina y Uruguay. Pasado el fallo de la Haya, un "punto de inflexión", el adversario se volvió aliado, y viceversa. Pero lo que no cambió fue la política de judicialización, la falta de diálogo político. En ese sentido, tal vez el mayor desafío para la Asamblea de Gualeguaychú es no caer en este juego donde el tema principal de discusión es el corte de ruta. Aferrarse a esta forma de protesta confunde su identidad como "piqueteros" más que como "ambientalistas", sobre todo en Montevideo.

Es decir, el medio se impone sobre el fin y se desplaza el verdadero debate, el de los modelos de desarrollo. Así, una radicalización de la protesta no pasaría por cortar más rutas, sino por discutir cuestiones sobre las formas de producción, sobre todo del uso del territorio, incluyendo los pinos en Fray Bentos y la soja transgénica en Gualeguaychú. Por otra parte, si se trata de un fenómeno que preocupa tanto a los gobiernos, bien podría usarse como elemento de negociación. La posibilidad del monitoreo conjunto, para que los científicos de la UBA puedan "demostrar" (en los términos legales) las emisiones contaminantes de la pastera, parece ser el camino más corto para el objetivo de la propia Asamblea: la clausura de la ex Botnia.

Escrito por:
Eduardo Soler
Fotografía:
fotos.lmcordoba.com.ar
Fuente: comambiental.blogspot.com

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