Martes, 20 de abril, 2010
Comunicación//Medios//
Marchas masivas en todo el país.
El jueves 15 de abril a las 18 horas se realizaron en todo el país marchas para pedir la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se encuentra paralizada debido a una decisión de la Cámara de Casaciones de Mendoza.
Pasada la media tarde miles de personas se convocaron en los puntos más importantes de varias provincias de la Argentina con una consigna en común “marchar por la libre expresión”, según expresó el diario online MDZ.
Clarín en su versión electrónica calificó de multitudinaria la marcha en Capital Federal, la cuál fue organizada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática (CRD) y participaron más de 300 organizaciones. Sus oradores fueron Hugo Yasky (de Central de Trabajadores Argentinos), Julio Piumato (de Confederación General del Trabajo), Milagro Sala (de la Organización Social Tupac Amarú), Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Néstor Busso (titular de la CRD) y cerró el acto Hebe de Bonafini, (de Madres de Plaza de Mayo) quien fue la más dura con la Justicia expresando que “es demasiado decrépita", según destacó el matutino.
En Mendoza la convocatoria superó las cuatro mil personas, que marcharon desde Tribunales a la Legislatura. Las consignas se fijaron mayormente contra los jueces y los grandes medios. El Doctor Roberto Follari fue el encargado de abrir con sus palabras el acto, donde expresó que la normativa es “una de las leyes que más se ha discutido en nuestro país y ahora un pequeño grupo, junto al diputado Thomas, cobista, y un pequeño grupo de jueces nos pretenden robar lo que consideramos uno de nuestros mayores logros”, según MDZ online
La Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada en el Congreso Nacional en octubre del pasado año. Luego de repetidas discusiones a lo largo de todo el país por parte de Universidades y diversas organizaciones.
Pero la Ley se ve paralizada debido a la medida cautelar de la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal por un amparo presentado por el Diputado Nacional Enrique Thomas basándose en supuestas irregularidades en la forma en que se sancionó. Y que el pasado 25 de marzo la Cámara Federal de la provincia confirmó.
El gobierno nacional expresó estar dispuesto a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. La presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que la suspensión constituye un hecho de “gravedad institucional”.de acuerdo a minutouno.com
Escrito por: Andrea Pellicer
Fuente: Agencia taller de periodismo alternativo (ATPA)
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