La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en sociedad el informe Papel Prensa: La Verdad. A partir de una investigación que consta de 26.000 fojas, realizada por una comisión investigadora constituida al efecto, la mandataria denunció la apropiación ilegal de la papelera, en 1976, por parte de los accionistas privados Clarín, La Nación y La Razón en connivencia con los responsables de la última dictadura militar.
Actualmente el 37% pertenece al diario Clarín, el 12% a Simeco (asociación entre propietarios de El Clarín y el grupo español Prisa), el 23% de las acciones son de La Nación y sólo el 28% son del Gobierno. Clarín y La Nación son quienes tienen mayor participación y por ende tienen el control sobre papel prensa.
Según denunció la Presidenta, Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, ex dueño de Papel Prensa y signado como banquero de los Montoneros, fue obligada a vender las acciones de la papelera (las que le correspondía por la sucesión) el 2 de noviembre de 1976. “Lidia debía presentar un escrito ante el juez de menores, en representación de su hija, que era menor de edad. Pero el magistrado nunca aprobó la venta. Sin embargo, a los cinco días de firmar el último papel, la detienen”, contó Fernández de Kirchner. Eso fue en marzo de 1977.
Una hora después de terminado el discurso de la Presidenta, los jefes de los bloques de la UCR, la Coalición Cívica, el PRO y el Peronismo Federal dieron una conferencia de prensa en el Congreso, para anunciar su rechazo al informe presentado por Cristina Kirchner. “Los representantes del pueblo debemos actuar sin ambigüedades, porque las decisiones arbitrarias del gobierno tienen un solo objetivo: construir un poder autoritario, hegemónico, avasallador ”, afirmaron los diputados en un documento conjunto. Allí sostuvieron que el Gobierno “quiere que haya una sola voz: la oficial”
Por otra parte, el Estado denunció que Papel Prensa le cobraba un precio diferencial a sus accionistas privados, en detrimento de los diarios del interior. La existencia de un "pacto de sindicalización" fue comunicado a la CNV recién este año. De todas maneras, el Ejecutivo encontró pruebas de su existencia en la Inspección General de Justicia, dentro del expediente sobre la quiebra de La Razón. Esta información aparece en el informe presentado.
Para evitar un nuevo “pacto”, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para declarar como servicio público la producción, distribución y comercialización del papel para diarios. El objetivo central de esta normativa buscará darle un trato igualitario a todos los diarios del país.
El informe ahora pasará al Congreso argentino a fin de analizar y comprobar la necesidad de un proyecto de Ley por medio del cual se decrete al papel como un recurso de utilidad pública.
Por: encombustioninterna
Fuente: Clarín, Página 12, periodistas.es
Informe Papel Prensa
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